PROJUSTICIA - Centro de estudios para el desarrollo de la Justicia
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RELACIÓN ENTRE LOS CASOS LÓPEZ MENESES-ORELLANA Y BELAUNDE LOSSIO CON EL ESPIONAJE POLÍTICO Y EMPRESARIAL ADJUDICADO AL GOBIERNO DE HUMALA MEDIANTE LA DINI
Equipo ProJusticia
 

“¿Quis custodiet ipsos custodes?” (“¿Quién vigilará a los vigilantes?”)
Sátiras de Juvenal, poeta romano de los siglos I y II d. C.

           
1- Antecedentes que ponen en perspectiva la aguda crisis política del régimen de Humala

El equipo de Projusticia mediante la “tercera entrega” de su informe titulado: “Desentrañando el caso Óscar López Meneses (OLM). Nuevos hechos, indicios razonables y evidencias circunstanciales comprometen más al entorno de palacio de gobierno” (Lima, 06/10/2014), concluyó entre otras cosas, lo siguiente: 

“….Primero: Casi no existen ya dudas que cuando el entonces jefe de la policía, general Raúl Salazar, llamó para ordenar (sólo telefónicamente para no dejar huella documentaria) que se le brindara la aparatosa protección a la vivienda de OLM, en mayo de 2012, OLM ya había enraizado desde el 2011 su influencia en el Ejército y buscaba ramificarla dentro del CCFFAA”.

“Segundo, el gran respaldo que tenía Salazar en las altas esferas del gobierno de Humala gracias a la ligazón que habría establecido con (el asesor presidencial Adrián) Villafuerte desde la época de la campaña presidencial del 2011 cuando Salazar era jefe de Seguridad del Estado, al punto que logró luego llegar a la jefatura de su institución tras la purga de una treintena de generales, a pesar de haber estado involucrado en un escándalo de tráfico de influencias (Caso Brujas de Cachiche), y que después consiguiera permanecer en el cargo por el firme apoyo de Palacio de Gobierno, no obstante las fuertes críticas que enfrentaba por su cuestionado desempeño”.
“Tercero, por los hechos conocidos se puede descartar de plano, que durante año y medio, Salazar y todos los otros jefes policiales involucrados hayan ignorado que en la casa que resguardaban no vivía Cueto sino OLM; a la vez, resulta altamente improbable que Salazar pusiera en riesgo su posición privilegiada con Palacio de Gobierno solicitando una gran y visible protección policial para un sujeto tan cuestionado como OLM, sin haber recibido una orden superior: y sobre Salazar solo estaban -en la práctica o formalmente- el ministro Pedraza, el viceministro Vega, el asesor presidencial Villafuerte y el mismo presidente de la República.

“… Centrando el análisis tendiente a determinar con más precisión cuál fue la cadena de mando final que gestó y encubrió el megaresguardo al condominio de OLM, debemos tener en cuenta que según diversas pesquisas periodísticas con alto nivel de credibilidad, (general PNP Raúl) Salazar habría soliviantado una fuerte relación de confianza dentro de Palacio de Gobierno por medio del entonces asesor presidencial (Adrián) Villafuerte”.

“Y conociendo que Villafuerte a su vez, es la persona que por sus antecedentes durante la década del noventa habría tenido las mayores posibilidades de entablar una relación de confianza-connivencia con OLM gracias a los vínculos de ambos con las altas esferas del montesinismo; entonces, lo más factible es que Villafuerte haya sido quien dio la “luz verde” para que Salazar como jefe de la policía, dispusiera el ilegal megaresguardo al condominio donde vivía OLM, quien a su vez, según los abundantes indicios difundidos por la prensa, ya habría establecido una relación de amistad con Humala, por lo menos desde la década de los noventa, situación privilegiada con el poder que habría abierto las puertas de las instituciones militares y policiales a OLM, durante el régimen humalista”.

“…Desarrollando dicha hipótesis de trabajo es posible concluir igualmente, que los dos últimos jefes del CCFFAA, el general Howell y el almirante Cueto, por alguna razón muy poderosa o un interés mayúsculo todavía desconocido, no sólo habrían estado de acuerdo en promover (Howell) y luego encubrir (Cueto) el megaresguardo policial al condominio donde reside OLM dispuesto por Salazar; sino que una vez desatado el escándalo al revelarse la protección a dicho local del sindicado como ex operador de Montesinos, se habrían visto obligados a seguir ocultando la verdad de los hechos, por haber quedado atrapados ellos mismos, como cómplices en esta intriga”.

“…Una honesta, rigurosa y profunda investigación siguiendo la pista dejada por los múltiples hechos probados, indicios razonables, evidencias circunstanciales, así como las nuevas pruebas que se obtengan mediante los apremios y facultades que permite la ley para incluso conseguir información inédita de ‘colaboradores eficaces’, harán posible que se descubra toda la verdad”.

“En definitiva, con una visión más certera sobre la compleja evolución y las conexiones del Caso Óscar López Meneses, podemos adelantar lo siguiente, con cargo a desarrollar más esta parte de la investigación: todo sugiere que el condominio de Batallón Libres de Trujillo Nº209, funcionaba según las circunstancias y manteniendo un compartimentaje entre algunos de sus asistentes y custodios, como una ‘casa segura’ y como un ‘centro de operaciones’ donde se realizarían actividades ilegales así como muy comprometedoras, y donde se reunían personas de alto perfil, mientras se ocultaban equipos tecnológicos y/o archivos con información sensible e incluso, dinero u otros bienes de mucho valor para los complotadores; todo lo cual, explicaría la extrema mega-custodia policial y de serenos (y posiblemente agentes de inteligencia ocultos), ordenada para el condominio y alrededores”.

Redondeando el informe, Projusticia finalizó su análisis afirmando que “si se desea descubrir toda la verdad, primero debe determinarse: ¿Quién dio la orden al más alto nivel para que se ejecute impunemente esta espectacular custodia?; las otras interrogantes (¿Por qué?, ¿Para qué?, ¿Por cuánto tiempo? y ¿Quiénes participaron?), se responderán por una reacción en cadena inevitable”.

Tras rememorar estas conclusiones de Projusticia en un caso tan emblemático y escandaloso como el megaresguardo al condominio donde habita OLM, debemos precisar que posteriormente, el miércoles 17/12/2014, la comisión congresal OLM emitió su informe final, donde coincidentemente, se ratifican las conclusiones centrales de Projusticia. Veamos:

- Como hipótesis principal de las conclusiones del grupo de trabajo congresal, que presidió el fujimorista Juan Díaz Dios, se asegura que la orden para la protección a la vivienda de OLM provino de Palacio de Gobierno a través del ex consejero presidencial en temas de Seguridad y Defensa Nacional, coronel EP ® Adrián Villafuerte Macha en complicidad con el ex jefe de la policía, general Raúl Salazar.

- Y no obstante, que según el informe “no se pudo determinar” si el presidente Humala tenía o no conocimiento de ese resguardo, debido a que se negó a ser interrogado; añade que “resulta difícil o poco creíble pensar, la no advertencia o conocimiento del mandatario de dichos temas, dado el manejo directo de información en tiempo real y los servicios de inteligencia que cuenta la figura presidencial”. En esa línea, la comisión además propuso que la fiscalía interrogue al presidente Humala respecto a si tiene o no un vínculo con López Meneses, una vez que culmine su mandato gubernamental.

Pero ahí, no terminan las concordancias, entre el informe de Projusticia (incluyendo el contenido de sus tres entregas), ya que el texto de la comisión parlamentaria, indica asimismo, que Raúl Salazar y el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) Almirante ® José Cueto Aservi negaron conocerse, pero la comisión OLM comprobó que ambos sostuvieron  comunicaciones telefónicas desde el 28 de marzo hasta el 17 de diciembre del 2012, justamente el período en el que se inició la ilegal protección al condominio de OLM.

Este hecho, según el informe congresal publicado en Internet por el periodista Martín Hidalgo (http://es.scribd.com/doc/250500545/Conclusiones-Recomendaciones-OLM), corrobora que Salazar sí conocía cuál era el número de teléfono celular de Cueto, entonces, el general PNP en retiro no podría argumentar haber recibido una llamada del marino desde un número distinto “sin verificar la información o el pedido formulado” por Cueto. Sobre el particular, debemos indicar que el ex director de la Policía Nacional aseveró que recibió una llamada supuestamente de Cueto, en el que le solicitaba resguardo para ‘su vivienda’, situada en la calle Batallón Libres de Trujillo N°209, Surco, pero la comunicación fue efectuada por otra persona, a la par, la dirección dada correspondía a la casa de OLM.

Adicionalmente, casi en plena coincidencia, tanto el informe final congresal como el del equipo de Projusticia, destacaron que el gobierno de Humala no investigó el ilegal megaresguardo a la vivienda de OLM. Incluso la comisión del Congreso enfatiza que la administración Humala “únicamente se limitó a separar de sus cargos a los generales y coronel [de la Policía Nacional] involucrados”, a quien dicho sea de paso, no se les permitió hacer uso de su defensa, como si fue en el caso del ex asesor presidencial Adrián Villafuerte. Sobre este punto, la comisión Díaz Dios especifica: “[Villafuerte] solo fue consultado brevemente por el presidente [Humala] respecto a su participación de los hechos generando su subsecuente renuncia”.

La comisión parlamentaria y el equipo de Projusticia, advierten además, que hubo inacción de Wilfredo Pedraza, ministro del Interior cuando se descubrió el Caso OLM en noviembre del 2013. Más aún, ambos informes destacan que el ex ministro Pedraza al tomar conocimiento (por un ingenuo aviso de la periodista Cecilia Valenzuela), del resguardo ilegal, demoró más de 33 horas en iniciar las acciones indispensables para una oportuna y acuciosa pesquisa. Indicándose, que se produjo “un apresuramiento” en levantar el servicio y que no se tomaron las medidas necesarias para asegurar el domicilio, que según Projusticia, hubiera permitido atrapar con las ‘manos en la masa’ a los perpetradores (materiales e intelectuales), del megaresguardo, y comprobar lo que se hacía u ocultaba en el condominio donde reside OLM. Toda vez, que durante el tiempo perdido, se pudo haber hecho desaparecer todas las evidencias comprometedoras y permitir la huida de los sujetos implicados.

En el cuarto punto, de las conclusiones del informe parlamentario, se añade que el nexo, entre la protección a OLM y Palacio de Gobierno, por medio de una presunta orden que habría dado el ex asesor presidencial Villafuerte, se deduce de las más de 400 llamadas telefónicas entre el ex consejero en temas de defensa nacional y el ex director de la Policía Raúl Salazar, a pesar de que ambos negaron ante la comisión parlamentaria y ante las instancias judiciales,  haber establecido contacto durante el tiempo del resguardo.

Como si no fuera suficiente, los informes de Projusticia y de la comisión Díaz Dios, convergen al señalar como otro de los funcionarios envueltos con la custodia ilegal a OLM, al reelecto alcalde de Surco, Roberto Gómez Baca. Sobre quien se destaca en ambos informes, que no solo dispuso un resguardo del serenazgo distrital en simultáneo al policial en la casa de OLM, sino que también, ordenó que se implementen medidas de seguridad adicionales, como la instalación de cámaras en el lugar y sospechosas modificaciones en la vereda y pista aledañas a la vivienda. Al tiempo, que no supo explicar por qué dio esas facilidades, sin verificar correctamente el pedido telefónico de custodia por parte del supuesto jefe del CCFFAA Luis Howell, y la identidad del verdadero propietario de la vivienda N°209 en Batallón Libres de Trujillo. Esto último increíble, dada la información catastral que manejan todas las municipalidades para fines de cobro de arbitrios y multas.

Igualmente, la comisión congresal probó que el mismo OLM se comunicó con Ángel Tito Murillo, el principal asesor del alcalde de Surco, aparentemente para coordinar el resguardo y concertar la desactivación del mismo, cuando este se hizo público. Peor aún, se descubrió, que la documentación que presentó la Municipalidad de Surco para sustentar la protección a la supuesta casa de Cueto no respondería a la fecha en la que se instaló el servicio, es decir, no sería de mayo del 2012, como había asegurado Gómez Baca.

Por último, tanto Projusticia como la comisión OLM, ponen énfasis en alertar que OLM no cuenta con ingresos reportados en el sistema financiero, y que no  se conoce una fuente de ingresos conocida, para el sustento y el nivel de vida que ostenta en la actualidad. Y en relación a la ‘donación’ que gestionara OLM para la construcción de un spa en el Cuartel General del Ejército, la comisión y Projusticia, recalcan que se desconoce el origen de los fondos invertidos. Y se pone de relieve, los públicos y sospechosos lazos entre la empresa de seguridad privada Police Security y OLM. Bajo este nuevo rubro, la comisión congresal recomienda a la Fiscalía abrir una investigación contra OLM y otros implicados, por el supuesto delito de lavado de activos.

Complementariamente, debemos explicar que el objetivo de puntualizar las coincidencias notables entre las conclusiones centrales de los informes de Projusticia y del grupo de trabajo congresal que investigó el megaresguardo delictivo a OLM; sirve como elementos de juicio indispensables para entender las complejas motivaciones y graves implicancias del presunto espionaje político masivo que habrían perpetrado aparatos de inteligencia estatal durante el régimen de Humala.

En simultáneo, los hechos concretos, evidencias circunstanciales e indicios razonables, de los informes de Projusticia y la comisión congresal sobre OLM, son tan contundentes, siendo dos pesquisas efectuadas de manera independiente, en períodos de tiempo distintos, con acceso a fuentes confidenciales y directas (en el caso congresal) o a fuentes de medios de comunicación y propias, debidamente analizadas y contrastadas (en el caso de Projusticia); que han permitido a dos equipos investigadores llegar a conclusiones similares para ayudar a desentrañar lo que oculta el megaresguardo al condominio de OLM, cuyo caso todavía espera un dictamen final en el Parlamento, debido a una nueva estratagema y postergación del partido de gobierno.

Los vínculos de MBL con pareja presidencial y su huida a Bolivia horadan legitimidad gubernamental

Efectuando una resumida descripción de las conexiones de Martín Belaunde Lossio (MBL), precisaremos que este prófugo se encuentra enlazado -según investigaciones fiscales y judiciales-, con el apresado Rodolfo Orellana Rengifo, mediante el llamado caso “La Centralita” en la mega-corrupción y crimen organizado dentro de la región Áncash, bajo el mandato del ex presidente Regional César Álvarez (también purgando prisión); lo que -como en el tema de OLM- nos conduce otra vez a Palacio de Gobierno, por cuanto, MBL ha sido jefe de prensa, cercano amigo y fuerte financista del entonces candidato Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia en la campaña del 2006, y habiendo tenido además, MBL participación en la campaña presidencial del 2011 que llevó a la presidencia a Humala; a pesar que en repetidas veces desde círculos del gobierno de Humala, negaron haber mantenido vínculos con MBL, después del 2006.

Lo cierto, es que incluso esta cercanía se habría prolongado dentro del mandato presidencial de Humala; al respecto, tras las fotografías difundidas por la prensa (“Belaunde Lossio se reunió con Nadine Heredia luego de que Humala asumió gobierno”, Perú21, 19/01/2015); se confirmó que si bien primero la versión oficial del jefe de Estado Ollanta Humala -y del partido de gobierno- sobre su vinculación con el prófugo MBL era variable, y en la última entrevista que brindó el presidente, el 05/01/2015, fue enfático en señalar que, desde que asumió su mandato gubernamental, en julio de 2011, no volvió a relacionarse con su ex asesor de campaña electoral. “(MBL) colaboró en algunas cosas, como muchos que regresaron en la segunda vuelta (electoral). Después, cuando he llegado a la presidencia, no lo he visto, no he tenido ningún tipo de relación con Martín Belaunde”, declaró Humala a RPP.

Empero, las referidas fotos publicadas por Perú21 (19/01/2015), demostrarían que la relación de la llamada pareja presidencial con MBL prosiguió después de la fecha indicada por Humala y sus partidarios ante la prensa.


Nadine Heredia y Martín Belaunde Lossio durante un encuentro el 27/11/2011 (© Perú21, 19/01/2015)

Nadine Heredia y Martín Belaunde Lossio durante un encuentro el domingo 27/11/2011 (© Perú21, 19/01/2015)

En torno a estas imágenes, Roxana Altuna, ex pareja de MBL y ex asesora de prensa de Nadine Heredia, precisó en su cuenta de Twitter (@rrsebas) que dichas fotos corresponden al cumpleaños de su hijo menor, que tiene con MBL. La mencionada fecha del encuentro fue confirmada por Perú21 al ubicar la edición de la página del periódico que aparece de manera circunstancial en una de las fotografías. Esta corresponde a la página 2 del desaparecido suplemento Internacional, de El Comercio.

Según Perú21, en la agenda oficial de la Presidencia de la República no figuraba ninguna actividad programada para ese día inmortalizado fotográficamente. El día anterior, el sábado 26, el presidente Humala participó en la ceremonia de lanzamiento del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), que se efectuó en el asentamiento humano Santa Rosa, en Comas. Y la tarde siguiente, el lunes 28, el mandatario sostuvo una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, en Palacio de Gobierno.

De otro lado, un nuevo video de la campaña electoral de los últimos comicios generales del 2011, demuestra que MBL tuvo una participación activa en los actos proselitistas del partido gobiernista Gana Perú, a pesar de que la misma primera Ministra Ana Jara trató de negar este hecho y sostener que el ahora fugitivo MBL, solo colaboró con ellos en las elecciones del 2006.

En otro registro audiovisual se ve a MBL en el cierre de campaña de Humala en Piura, según difundió el programa Sin peros en la lengua (América TV, 18/01/2015), esto se agrega a otras evidencias de la presencia de MBL en cierres de campaña del partido humalista en diferentes zonas del Perú durante la segunda vuelta electoral del 2011. Y en diciembre del 2014, se reveló que MBL del mismo modo, tomó parte en la actividad electoral nacionalista efectuada en la Plaza de Armas de Trujillo, en La Libertad el 2011. Incluso, el congresista Roberto Angulo (Dignidad y Democracia), disidente de la bancada humalista, aseguró que MBL financió parte de la campaña del candidato presidencial en esa región.

Y en lo que sería otro acto de una función destinada al ocultamiento de la verdad y al juego de poderes por el manejo de ‘información sensible’ entre MBL y la pareja presidencial Humala-Heredia, MBL declaró el 16/01/2015 (entrevistado por el programa Día D, Canal 9 de Lima): “Yo no he visto a Ollanta Humala desde el 28 de julio de 2011” y respecto a Nadine Heredia, sostuvo ambiguamente: “Por ahí también la vi en una actividad social, no sé qué día, ni qué año, hace mucho tiempo”. Es decir, no obstante que tanto la pareja presidencial como MBL afirmaron que no se vieron desde el 28/07/2011, sin embargo, las fotos demostrarían lo contrario.

En ese mismo juego de poderes, poco antes el 05/01/2015, el ‘Diario Uno’ -que al igual que ‘La Primera’ (fundado por la familia de MBL)- pertenece directa o indirectamente a la familia de MBL (incluso el padre de MBL, Arturo Belaunde Guzmán es articulista principal de ‘Diario Uno’); publicó otro mensaje nada oculto con sabor a amenaza y chantaje, mediante un artículo del ex asesor de Ollanta Humala, el izquierdista Carlos Tapia -ahora enemistado con la pareja Humala Heredia-; en dicho escrito, Tapia recalca: “…últimamente, una advertencia de mucho mayor calibre cuando señala (MBL) ‘que acompañó al presidente Humala a las exequias de Hugo Chávez’ …”

Luego Tapia remata en su columna: “La última es la que merece un análisis preciso. No puede ser una mentira, porque rápidamente se la podría desmontar; lo que se puede tramar es que pidió viajar para un tema particular, pero pondría en la encrucijada a las Cancillerías y encargados del protocolo; y además un acuerdo en firme para que no siga hablando. Entonces, la pregunta es ¿Por qué y para qué fue?; ¿por qué?, porque era una persona importante para los objetivos de la delegación o porque era amigo de altos funcionarios del régimen venezolano. ¿Para qué?, eso solo lo saben él y un muy reducido grupo de personas íntimas de la pareja presidencial. El tema es delicado y con el paso del tiempo se puede convertir en grave, muy grave…”

Esta referencia de Tapia es muy relevante, toda vez que la pareja presidencial insistió en decir que no contactó a MBL, después de julio del 2011 en que llegaron al poder, algo que -de comprobarse lo referido por Tapia tomando como fuente a MBL-, sería desmentido, ya que las exequias de Hugo Chávez fueron en marzo del 2013.
 
¿El oro sucio entrelazaría a los casos López Meneses-Orellana Rengifo- Belaúnde Lossio y Palacio de Gobierno?

A esta altura del análisis, podemos plantear una línea de investigación mucho más comprometedora y grave: el posible enlace entre los casos López Meneses-Orellana Rengifo-Belaúnde Lossio y Palacio de Gobierno. Resulta que está probado el nexo de Orellana Rengifo- la empresa de seguridad Police Security y su dueño el ex policía Sandro Espinoza (y este a su vez con López Meneses), y el ex comandante de la Policía Nacional, Manuel Áybar Marca (ex operador de Vladimiro Montesinos); y todos ellos acoplados, a través de la sede principal de Police Security en San isidro, alquilada por Áybar Marca en el 2007, nada menos que al estudio “Orellana Asesores y Consultores”, empresa de la red Orellana Rengifo. Y a su vez, Ludith Orellana, hermana de Rodolfo Orellana Rengifo, y gerente del estudio, es quien subarrendó la casa a Police Security en el 2010.

Pero hay más ligaduras: la revista Caretas (Edición 2336, 29/05/2014), puso al descubierto que Pedro David Pérez Miranda conocido como “Peter Ferrari”, con antecedentes de lavado de activos y narcotráfico desde los noventa (Caretas Edición 1573) aunque luego fue absuelto; resulta siendo vecino de López Meneses en su vivienda ubicada en el condominio de Batallón Libres de Trujillo N°209 (Surco), que fue custodiada ilegalmente durante un año y medio por un gran contingente policial y serenazgo, cuyo caso es investigado por el Congreso y el Poder Judicial.

En este tema, la revista confirmó que sobre la misma acera en Batallón Libres de Trujillo N°281, alquiló el inmueble la empresa “Gestión Inmobiliaria P&J Pérez SAC”, cuyo gerente general es Jaqueline Pérez Untiveros, hija de “Peter Ferrari". Pero hay otro indicio razonable que ratificaría estas oscuras relaciones: El 03/01/2014, un cargamento de 316 kilos de oro en barras “desapareció”, del almacén TAMSA de Aduanas del Callao donde estaba embargado nada menos que por la SUNAT; este oro se hallaba registrado a nombre de la “Comercializadora de Minerales Rivero SAC”, cuyo gerente es Miguel Ángel Rivero Pérez, sobrino y presunto testaferro de “Peter Ferrari”.

De acuerdo a diversas fuentes periodísticas (Blog La Mula, 07/02/2014 y otros), “Peter Ferrari” sería uno de los mayores acopiadores de oro de procedencia negra en el Perú, mediante empresas a nombre de testaferros suyos que en los últimos meses han exportado cientos de toneladas de oro e ingresado cientos de millones de dólares. Uno de ellos, sería Miguel Ángel Rivero Pérez. Y en la gerencia de empresas como Business Investments SAC (que además comparte la misma dirección fiscal con “Comercializadora de Minerales Rivero SAC”) “Minerales Gold MPP” y “Minerales La Mano de Dios”, aparecen el mismo Miguel Ángel Rivero Pérez, Gian Pierre Pérez Gutiérrez (hijo de Pérez Miranda) Joseph César Leyva Mishayiro y Alfredo Ernesto Egoachaga (empleados de Pérez Miranda en otras empresas). Además, el ex congresista humalista Carlos Torres Caro es abogado de Business Investments SAC.

Una precisión: tomando como referente informes de la prensa (El Comercio, 12/02/2014), en la relación de 60 exportadoras de metal (de las 120 que hay en Perú) en base a reportes de la Procuraduría de Lavado, Sunat y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), están las empresas financiadas por ‘Peter Ferrari’, quien si bien no aparece en el papel, opera detrás de “Comercializadora de Minerales Rivero SAC” (que exportó 4,5 toneladas de oro), Minerals Gold MPP (1,5 toneladas), Minerales La Mano de Dios (500 kilos) y Sumaj Orkro (a la que le confiscaron 121 kilos).

La conexión con la red Orellana: Según El Comercio (13/01/2014), los 316 kilos de oro fueron sustraídos en complicidad con la Corte Superior de Ucayali donde el juez Wenceslao Portugal, acogió la demanda de “Comercializadora de Minerales Rivero SAC” y ordenó a Aduanas entregar el metal inmovilizado. Un día después, se presentó en el local de Aduanas el fiscal del Callao Roger Rodríguez Rojas con un impresionante equipo de policías, dos abogados -Blanca Paredes (hermanastra de Giovanni Paredes) y Renán Galindo (ex defensor de acusados por crimen organizado y corrupción)- y el coronel ® Benedicto Jiménez. Los tres últimos, operadores del Rodolfo Orellana.

La meta de este equipo, era ‘secuestrar’ el metal, pero no lo consiguieron y el intento fallido motivó que iniciaran una campaña de desprestigio (aplicando el modus operandi de la red Orellana) arrojando folletos cerca de las casas de los funcionarios, en los que los acusaban de corruptos. Al darse cuenta, el grupo de la abogada Blanca Paredes, volvió a arremeter el 03/01/2014, pero con el apoyo de la asistenta judicial del Callao, Doris Vega; el comisario de Sarita Colonia, capitán Pedro Llontop Campoblanco; y el jefe de la USE Callao, comandante Emilio Cabrera. Respaldados, con policías en tres patrullas y guardaespaldas en otros 10 autos, ingresaron a TAMSA en el Callao.
 
La organización, gracias al fallo de Ucayali, cargó el metal (incluso la parte embargada por la SUNAT) y se retiró del lugar en solo una hora. Cuando Aduanas recibió la noticia, el ‘secuestro’ de los 316 kilos de oro (cotizados en US$11,2 millones) ya se había perpetrado. Imágenes de estas barras de oro con las que juega un niño y llevan las marcas en plumón que también identificaban al cargamento decomisado por la SUNAT, aparecieron ‘posteadas’ el 14/03/2014, en el Facebook de Munir Harcha, casado con Pierina Pérez, hija a su vez, de “Peter Ferrari”.

En este punto, debemos resaltar que la jurisdicción judicial de Ucayali, es la misma que el 2 de diciembre del 2013, mediante el juez de Atalaya, Reátegui Pisco, ordenó al fiscal Miguel Toyohama Arakaki, de la fiscalía supraprovincial contra el Crimen Organizado, que excluya de las investigaciones por lavado de activos a Rodolfo Orellana y a toda persona relacionada con él. Incluso, el presidente de la Corte de Ucayali, Francisco Bozzo Olivari, fue investigado por la OCMA en Lima, por un posible vínculo amical con el cuestionado empresario Orellana.

En definitiva, casi no dejando duda sobre estas relaciones oscuras, entre Rodolfo Orellana, Police Security, López Meneses, “Peter Ferrari” y malos jueces y policías; entre los oficiales de la policía que asistieron a la fiesta de cumpleaños del dueño de Police Security junto a López Meneses, y cuyas fotos publicó La República (15/12/2013), se encontraba el capitán de la policía Pedro Llontop Campoblanco, es decir, el mismo oficial que participó en el secuestro de barras de oro antes mencionada, como comisario de Sarita Colonia.

Pero a un nivel más alto y siniestro, esta red urdida por “Peter Ferrari” se articularía con la maquinada en el Poder Judicial y posiblemente con rezagos del montesinismo por Rodolfo Orellana, a través de Ludith, hermana de éste último, accionista de “Comercializadora de Minerales Rivero SAC” y por tanto, socia de Miguel Ángel Rivero Pérez, sobrino de Peter Ferrari”. Según Caretas (Edición 2319, del 30/01/2014), la SUNAT, sospecha que fue el abogado Tomás Torrejón, quien presentó el amparo ante el titular del Juzgado Mixto de Campo Verde, en Ucayali, Wenceslao Portugal, para que ordene a Aduanas entregar todo el oro inmovilizado a la empresa “Comercializadora de Minerales Rivero SAC”.

Torrejón, según el congresista Víctor Andrés García Belaunde (Caretas, Edición 2319), era el operador de Rodolfo Orellana en Ucayali: fue el que presentó los cuatro amparos que beneficiaron a Orellana en el Juzgado de Atalaya, una localidad ubicada a 2 horas en lancha desde Pucallpa.

La conexión MBL- minería de oro ilegal y cooperativas de Orellana: Por su parte, el prófugo MBL habría mentido al país cuando afirmó que no tenía ningún vínculo laboral con la empresa española Antalsis que ganó varias licitaciones con el actual gobierno de Ollanta Humala hasta por 150 millones de soles. “Cuarto Poder” (09/11/2014) reveló que en agosto del 2006 MBL fundó la empresa Corporación Asia SAC con un capital de 9.500 soles. Lo hizo junto con Jorge Chang Soto. Asia SAC representaba en la sombra a la empresa Antalsis, pero fue en el gobierno de Humala que esta empresa Asia SAC tiene importantes nexos y hasta contratos con varios sectores del Estado.

Por ejemplo, el 9/11/2012 MBL -según Cuarto Poder- recibe un correo de Sandra Chang, gerente administrativa de Asia SAC. Allí le envía un modelo de presupuesto para que Asia SAC lleve a cabo la construcción, montaje y lanzamiento del puente ‘Eternidad’. El puente se construyó  pero lo hizo el Servicio Industrial de la Marina (SIMA). ¿A cuánto ascendía el presupuesto? 4 millones  y medio de soles. Y el 9 de abril del 2014, Asia SAC adquirió un denuncio minero de más de 300 hectáreas en el distrito de Moro, provincia de Santa, en Ancash.

Al día siguiente de la compra -10 de abril- Asia SAC solicitó la certificación ambiental y la declaración de impacto ambiental ante la Dirección Regional de Energía y Minas. ¿Cuándo obtuvo esta certificación? El 18 de junio del 2014,   cuando MBL ya estaba prófugo por el caso de 'La Centralita'. A penas unos 30 días después -el 10 de julio- Asia SAC gestionó ante la Dirección Regional de Energía y Minas de la región Ancash un certificado de operación minera y lo consiguió en lapso récord: el 11 de julio del 2014. ¿En qué consistía el proyecto minero de Moro?, según “Cuarto Poder”, nada menos que  un negocio lucrativo: una producción mensual de dos mil 500 toneladas y extraer 12 gramos de oro por cada tonelada.

En función de otros correos obtenidos por “Cuarto Poder’, tal era la influencia de Belaunde Lossio en altos círculos del gobierno de Humala, que el 4 de agosto del 2014, desde la clandestinidad, MBL realizó coordinaciones con sus socios y empleados Chang Soto y Eduardo Seclén, respecto a este afortunado proyecto minero de Asia SAC. Pero hay más: El dominical de América TV reveló además la dirección de la empresa Asia SAC: Malecón 28 de julio, número 455, departamento 502 (Miraflores). Allí vive la madre de Roxana Altuna, ex esposa de Belaunde Lossio y ex asesora de Nadine Heredia como se dijo. Por su parte, Altuna adquirió en el 2013 un vehículo marca Kia modelo Río y puso como la dirección nada menos el departamento donde vive su mamá y que figura como domicilio fiscal de Asia SAC.

Y sobre el tema del oro, es necesario referir que la prensa (Peru21, 20/10/2014), reveló que el dirigente minero Víctor Chanduví confirmó que él y su organización -Central de Mineros del Perú- aportaron dinero en efectivo y hasta con oro a la campaña de Ollanta Humala para las elecciones del 2011; donde de acuerdo a Chanduví, estuvieron involucrados, tanto el entonces candidato presidencial Humala, la familia de Nadine Heredia, el congresista Daniel Abugattás y hasta el prófugo MBL. Tan seria consideran su denuncia, que Chanduví y su vocero, Jorge Paredes Terry (ex asesor del parlamentario nacionalista Daniel Abugattás), presentaron el 23/10/2014, en la mesa de partes del Congreso de la República un pedido de vacancia contra el presidente Ollanta Humala.

Entre otras razones, plantean que Humala no ejerce la jefatura de Estado, sino que “es su esposa, Nadine Heredia, la que gobierna”. La solicitud está firmada por 52 dirigentes de la Central de Mineros del Perú y de las agrupaciones Democracia Directa y Patria para Todos. Chanduví luego acudió ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para demostrar que los mineros ilegales hicieron aportes financieros a la campaña de Humala, ya demás formulo una denuncia ante la fiscalía, mostrando supuestas pruebas documentales.

De otro lado, no olvidemos además, que el 03/11/2014, Peru21, publicó documentos obtenidos por el congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular-fujimorista) que vincularían al prófugo empresario MBL con la red del procesado Rodolfo Orellana. Consiste en dos cartas fianza de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y Garantías”, formada por Orellana Rengifo, y que presentó la empresa constructora Antalsis de capitales españoles, vinculada a MBL, al Gobierno Regional de Madre de Dios. Según indicó Becerril, la primera carta fianza es por 4’701,796 millones de soles y la segunda por 2’350,898; los cuales fueron presentados en junio del 2012 en licitaciones públicas sobre proyectos de mejoramiento de la infraestructura educativa en dicha región.

A propósito recordemos, que Coopex, la otra cooperativa utilizada por la red Orellana para sus contratos ilegales, contaba con el apoyo de malos magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público, y esto explicaría, la burda y prepotente imposición del suspendido Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia (primo de Nadine Heredia), a pesar de sus presuntas conexiones con Orellana, Álvarez y el caso ‘La Centralita’; todos ligados a MBL, y este a su vez, con Palacio de Gobierno.

En cuanto al fuerte lazo MBL y la pareja presidencial Humala-Heredia, no está demás rememorar, que el 2006, MBL vendió una de sus empresas, Total Graph, al congresista humalista Santiago Gastañaduí, pariente político de los Humala Heredia, quién en noviembre de ese año nombró como gerente general a Ilan Heredia, hermano de la esposa del presidente Humala. Ilan Heredia tenía una cuenta bancaria mancomunada con Arturo Belaunde Guzmán, padre de Martín Belaunde Lossio. En ese entonces, Arturo Belaunde Guzmán le pagó US$51.840 a Nadine Heredia por un estudio sobre la palma aceitera, aún desconocido, y Belaunde Guzmán aportó 134.620 soles a la campaña de Humala en el 2006.

El hermano de Nadine Heredia, Ilan Heredia, un joven de 27 años en el 2006 y el 2007, sin profesión conocida, hizo 15 depósitos por US$68.258 en la cuenta de Nadine Heredia. En su momento Heredia se defendió alegando que las investigaciones sobre el asunto fueron archivadas. En el 2008, se descubrió que otra de las empresas que Martín Belaunde había creado, Soluciones Capilares, le pagó US$30 mil por una supuesta consultoría a Heredia. Este pago, más el que le hizo Arturo Belaunde, padre de Martín, a la hoy primera dama por un estudio sobre la palma aceitera, motivaron una investigación que acabó en el archivo, igualmente.

Y según la ONPE, el propio MBL aportó 265 mil soles a la campaña de Humala el 2006. También Juan Carlos Rivera Ydrogo -operador directo de la pareja presidencial y de MBL-, su madre, su tío y dos hermanos aportaron a la campaña del 2011 con cerca de 600 mil soles. Igualmente, los Belaunde (padre e hijo) son dueños del diario pro-humalista-gobiernista “La Primera” (con ediciones regionales), que casi en medio del escándalo que envuelve a MBL, cambió de logo a ‘Diario Uno’, pero sigue con el mismo director César Lévano y prácticamente la misma plana de articulistas, entre ellos, Arturo Belaunde Guzmán.

Sobre el tema, Aldo Mariátegui estima que la publicidad estatal humalista habría permitido subsistir artificialmente a ‘Diario-Uno’, pese a que sólo vende unos 10 mil ejemplares, con casi nula publicidad privada y 45% de devolución (Perú21, 05/08/2014).

¿Otras huellas acercan a MBL y OLM con el montesinismo?: Por si no fueran suficientes los anteriores nexos comprometedores, hay otros antecedentes que conectarían a MBL con López Meneses y el montesinismo: el abogado José Urquizo Olaechea se ha desempeñado como defensor y casi vocero de MBL desde el 2014 hasta el 2015 habiendo sido antes el 2003, abogado de López Meneses y su compañero de promoción en el “III Curso Especial de Desarrollo y Defensa Nacional” desarrollado en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN) durante 1999, en una promoción que, según el periodista Edmundo Cruz, “fue la de mayor despliegue montesinista” (Caretas, 19/12/2013, Edición 2314).

Esta cercanía llevó a que López Meneses fuera visitado en el penal San Jorge, por Urquizo Olaechea, quien junto a los abogados Eleazar Albala Da Silva y Grace Riggs, expareja de Montesinos, formaban el estudio jurídico “Albala, Riggs y Urquizo”, que defendió en primera instancia a López Meneses en el proceso que se le abrió por recibir dinero del SIN para la compra de inmuebles y vehículos (La República, 19/12/2013).

En este punto, no debemos dejar pasar un dato clave: paralelamente otras dos investigaciones judiciales, congresales y periodísticas en curso, enlazan a MBL y a López Meneses con Palacio de Gobierno; por lo tanto, de probarse una conexión MBL con López Meneses (ya sea con Rodolfo Orellana, negocios turbios de oro o sus lazos con rezagos del montesinismo), el círculo se volvería a cerrar en torno a Palacio de Gobierno, a través de estos dos individuos y sus actividades presuntamente delictivas.



Martín Belaunde Lossio con Ollanta Humala, durante las elecciones del 2006. (Foto: Lino Chipana Obregón / archivo El Comercio)

Cronología y análisis sobre la fuga y captura de MBL: un caso que  jaquea al gobierno de Humala

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa dictó el 29/05/2014, prisión preventiva de 18 meses para MBL. El juzgado sostuvo que este utilizó su empresa Ilios Producción para tapar una presunta organización delictiva que funcionaba en “La Centralita”; luego el 11/09/2014, el gobierno peruano pidió a la Interpol la captura internacional de MBL. Días después, Luis Bisso, jefe de la Interpol en Perú, indicó que el empresario era buscado.

El programa de TV “Cuarto poder” reveló el 02/11/2014, que MBL gestionó licitaciones a favor de la empresa Antalsis, que ganó 150 millones de soles durante el gobierno de Humala; el 01/12/2014, MBL ingresó a Bolivia irregularmente a través de Desaguadero, según informó recién casi un mes después la cancillería boliviana. Acto seguido, el 09/12/2014, el presidente Ollanta Humala se reunió con su par boliviano, Evo Morales. Según Palacio de Gobierno, conversaron sobre la “interconexión ferroviaria de ambos países”, aunque es improbable que no trataran un tema tan espinoso como el de MBL. Y el 15/12/2014, coincidentemente, MBL solicitó refugio ante la Comisión Nacional de Refugiados de Bolivia (Conare). Esto impedía que sea capturado hasta que se resuelva su pedido.

A continuación, el 29/12/2014, la Interpol de Bolivia solicitó información al Perú sobre los antecedentes policiales y judiciales de MBL, a pedido de la Conare. Sorpresivamente, el 30/12/2014, el Consejo Nacional de la Magistratura suspendió por seis meses al cuestionado fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, tras ello y en un evidente acto de represalia, reveló que “hace 48 horas” el gobierno tenía la ubicación de MBL en Bolivia. En respuesta, el 30/12/2014, el ministro del Interior, Daniel Urresti, acusó a Ramos Heredia de poner en peligro la captura de MBL. Incluso dijo que en Año Nuevo se daría la noticia de su captura.

Poco más tarde, el 31/12/2014, Evo Morales indicó que MBL no pidió asilo en Bolivia, mientras que el jefe de la Conare dijo que no existía contra el ex asesor una orden de captura en Interpol de su país; ante el escándalo en el Perú, el 31/12/2014, el Gobierno Peruano, a través de una nota diplomática, le pide a Bolivia declarar improcedente el pedido de refugio. Y contradiciendo su anuncio inicial de una inminente captura en año nuevo de MBL, Urresti admitió no saber dónde se encontraba oculto MBL en Bolivia y que la notificación roja de Interpol no tiene efecto para dar lugar a una detención en Bolivia. Seguidamente, el 02/01/2015, el canciller boliviano David Choquehuanca dijo que su país no protege a personas vinculadas a la corrupción y confirmó que MBL ingresó a Bolivia el 01/12/2015.

Inmediatamente, el 03/01/2015, Evo Morales señaló que si MBL ingresó a su país de manera ilegal “debe ser capturado”. Y en Perú, a pesar que los hechos e indicios razonables indican lo contrario, durante una entrevista a RPP, el 05/01/2015, el presidente Humala dijo que su gobierno hace todo lo posible para traer a MBL. Después, el 08/01/2015, un equipo especial dirigido por el procurador Joel Segura, llega a La Paz; y sorpresivamente, MBL da un pronunciamiento a los medios en Santa Cruz y dijo que no había cometido ningún delito. En Perú, el 15/01/2015, el ex procurador Christian Salas se presentó ante la Comisión Belaunde Lossio y aseguró que la victimización del ex asesor humalista “es absurda”, por su parte, la destituida procuradora Yeni Vilcapoma, se ratifica en sus denuncias de que el gobierno de Humala protege a MBL.

Complicando más la situación para el régimen de Humala, el 18/01/2015, “Cuarto poder” revela que MBL estuvo en el cierre de campaña presidencial de Humala en Piura el 2011, días antes, la premier Ana Jara había afirmado que el vínculo de MBL con el humalismo sólo duró hasta el 2006. A su vez, confirmando un proceder sinuoso y sin credibilidad, el 18/01/2015, MBL brindó una entrevista al programa de TV “Día D”, donde aseguró que se escapó a Bolivia sin ayuda del gobierno, que es perseguido por la derecha, que no ve a Humala y Heredia desde el 28/07/2011 y lanzó este comentario: “Yo creo que [la pareja presidencial] me persigue, porque les puedo ser peligroso en el sentido político, eso lo tengo claro”.

Desmintiendo lo dicho por MBL, el 19/01/2015, el diario Perú.21 publicó una foto en la que se ve a MBL junto a Nadine Heredia en una reunión social, que data del domingo 27 de noviembre de 2011. Coincidentemente, el 20/01/2015, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ordenó la detención preventiva con fines de extradición para MBL. El empresario se entregó en la casa del barrio de Bajo Lloqueta. “El sistema pudo más”, dijo.

Poniendo en contexto esta última medida, y considerando la frágil independencia de la justicia boliviana respecto al gobierno de Evo Morales, así como la relación cercana entre los mandatarios Morales y Humala; es altamente probable, que la detención de MBL tenga varios objetivos ocultos: primero intentar acallar y someter a MBL ante sucesivas informaciones que lo vincularían más con la pareja presidencial Humala-Heredia, asumiendo que estas revelaciones provienen del entorno de MBL a manera de chantaje; y segundo, ganar tiempo para encontrar una salida al caso MBL, mientras se busca distraer la atención de la opinión pública peruana ante la aguda crisis política que afronta el régimen de Humala por las revelaciones de masivo espionaje político perpetrado por los organismos de inteligencia estatal. El hecho que se haya decretado sólo una cómoda prisión domiciliaria para MBL abona en esta hipótesis de trabajo.

Confirmando el entramado de MBL para realizar negociados con el Estado, el 23/01/2015, el contralor general de la República, Fuad Khoury, durante su presentación en la Comisión del Congreso que investiga las operaciones de este empresario prófugo; admitió que ocho empresas presuntamente vinculadas a MBL efectuaron contratos por cerca de 3 mil millones de soles con gobiernos regionales, municipios y otras dependencias públicas entre los años 2004 y 2014.


Infografía (® Correo, 23/01/2015)


Serias dudas por dilucidar

Siguen vigentes otras serias dudas que sugieren una complicidad entre los gobiernos Morales y Humala para ocultar y proteger a MBL: ¿Cómo el hombre más buscado del país pudo escaparse a Bolivia cuando el ubicuo ministro Urresti había declarado estar “obsesionado” con capturarlo y desear que no se entregue a la justicia para ser él quien lo detenga y lleve frente a ella? ¿Fue solo un caso de aprovechamiento de “fronteras porosas” por parte de MBL, como lo dijo el ministro Figallo? Si fue así, ¿Por qué no se reforzaron los puntos de frontera y tampoco se alertó a las autoridades de países vecinos? De otro lado, si no existía una “alerta roja” en Bolivia, cómo le informaron en la Interpol de su país al jefe de la Conare.

Por lo demás, aunque el ministro Figallo y el canciller Gonzalo Gutiérrez manifestaron, el 31/12/2014, que la orden de captura internacional fue pedida a Interpol en septiembre, y el ministro Urresti, mostró un documento en el que se evidenciaría que la “alerta roja” habría estado vigente en la Central de Interpol desde ese mismo día. Quedan entonces estas dos interrogantes: ¿Por qué la orden no figuraba en la página web de la Interpol?  Y ¿Por qué Interpol Bolivia contestó a la Conare que no existía una “alerta roja” el 15 de diciembre?

Finalmente, resulta muy sospechoso que habiendo una estrecha relación de vecindad, la cancillería boliviana no comunicase al Gobierno Peruano cuando el 15/12/2014, MBL le pidió refugio ¿Y, por qué el presidente Morales declaró cuando se conoció la fuga de MBL, que Bolivia no había recibido un pedido de asilo, ocultando que sí había recibido un pedido de protección, solo que bajo la forma de refugio?

Claramente, un proceder correcto y transparente por parte de Morales y Humala, habría sido expulsar a MBL de Bolivia y entregarlo a las autoridades peruanas en el más breve plazo, en cuanto se conoció su estadía como prófugo en Bolivia. Todo lo sucedido, es una trama que enturbia aún más el caso MBL y sus nexos con la pareja presidencial Humala Heredia, con imprevisibles consecuencias en el corto plazo.

Supletoriamente, cuando se presentaron los ministros Urresti, Figallo y Gutiérrez, ante la sesión reservada que se llevó a cabo el 13/01/2013, en la comisión que investiga los presuntos lobbies de MBL, la titular de dicho grupo, Marisol Pérez Tello (PPC-APP), informó que los ministros no acudieron para explicar la fuga de MBL a Bolivia; sino para explicar desde su sector, de qué manera pueden colaborar como Estado peruano, si ha habido una conducta irregular o si era la conducta esperada en las acciones que mantuvo el investigado con el Estado.

En esta ocasión, Pérez Tello manifestó que existen dos líneas de investigación que van paralelas: determinar si los contratos de MBL con personas jurídicas son irregulares o no, y si los vínculos con altas esferas del poder han sido empleados para fines ilícitos, debido a que dice ser un perseguido político en el Perú a raíz de la investigación congresal y judicial que afronta por el Caso ‘La Centralita’.


Infografía El Comercio (13/01/2015)

¿Los servicios secretos utilizados para encubrir la corrupción mediante el espionaje político y empresarial?

El año 2012, habían transcurrido doce años -y cuatro gobiernos: Paniagua, Toledo y García- sin que el sistema de inteligencia nacional del Perú (SINA), pudiera haber actualizado su doctrina de inteligencia, después que esta fuera elaborada en la década de los noventa; y no obstante, que la tendencia mundial era modernizar, fortalecer y actualizar la doctrina y las comunidades de inteligencia estatales, de cara al nuevo escenario de amenazas tras los ataques del 11-S; en el Perú todavía no se terminaba de reconstruir el SINA, luego de la autodestrucción producida durante el régimen de Toledo bajo el pueril argumento de que había sido pervertido totalmente por Montesinos.

Ignorando así, que ni siquiera la URSS (y ningún estado serio del mundo), destruyó su central de inteligencia o KGB, cuando hizo implosión para transformarse en la Federación Rusa, donde tanto el poderoso Putin (ex integrante de la KGB) y su antecesor Boris Yeltsin, sustentaron sus regímenes en muchísimos ex integrantes de la KGB y de sus organismos reemplazantes. En tal sentido, la historia más bien enseña que por constituir la primera línea de defensa de los estados y el pilar para hacer sustentable su desarrollo nacional, las comunidades de inteligencia son cauteladas al máximo evitando un agudo resquebrajamiento o total destrucción.

Incluso en las más gravísimas circunstancias y períodos de crisis, se opta por realizar un ‘control de daños’ que evite su desarticulación, y se aplica una depuración quirúrgica de cuadros nocivos o delincuenciales que hubieran surgido, para luego proceder a una reconversión paulatina y no traumática a fin de que el estado no quede vulnerable ante amenazas internas y externas.

Resulta que justamente, el 11/12/2012, el mandatario Ollanta Humala promulgó el Decreto Legislativo Nº1141 para el “Fortalecimiento y modernización del SINA y Dirección Nacional de Inteligencia (DINI)”; siendo la cuarta ley de inteligencia nacional desde que en octubre del 2000 se promulgara la desactivación del SIN en medio de la irreversible crisis de gobernabilidad en que sucumbió el régimen de Fujimori. Antes del DL Nº1141, ya se había promulgado la ley Nº 27479, en junio del 2001 para crear el caótico Consejo Nacional de Inteligencia- CNI (que tuvo ocho jefes de inteligencia en 3 años y medio); y más tarde, en enero del 2006, se promulgó la ley Nº 28664, con la cual el CNI, pasó a denominarse DINI.

¿Para mis amigos todo y para mis enemigos el espionaje?

Luego de estos antecedentes indispensables para comprender la complicada evolución del SINA, debemos indicar que cuando Humala asumió al gobierno en julio del 2011, inmediatamente designó como jefe de la DINI, al capitán EP® Víctor Gómez Rodríguez. Gómez Rodríguez, junto al presidente Ollanta Humala son compañeros de la promoción ‘Héroes de Pucará y Marcavalle’ de la Escuela Militar de Chorrillos en 1984; y aunque no tiene formación ni experiencia en inteligencia, Gómez se desempeñó por 11 años como superintendente de seguridad de la compañía minera Antamina (Áncash) y antes tuvo un cargo similar en las mineras Cuajone y Toquepala, de Southern Cooper, en el Sur del Perú.

El 29/10/2000, como jefe de seguridad del asiento minero de Toquepala, facilitó el ingreso de Ollanta Humala y un pequeño grupo de soldados y lo dotó de logística, durante el singular y sospechoso levantamiento desde Locumba, que protagonizaron los hermanos Ollanta y Antauro, al final del gobierno fujimorista, el mismo día y horas en que Montesinos huía del país en el velero Karisma desde el Callao, mientras convenientemente, la atención del país estaba centrada en el sui generis “levantamiento militar” a miles de kilómetros de su fuga. 

El 31/12/2012, el mandatario Humala y el titular del organismo, Gómez Rodríguez, nombraron como Director Ejecutivo (N°2 de la DINI), al capitán PNP® Iván Kamisaki Sotomayor. Gómez y Kamisaki, se conocieron desde 1992 cuando pasaron al retiro para dedicarse a la seguridad privada. Pero, a diferencia de Gómez, Kamisaki sí tiene experiencia en inteligencia: Trabajó en la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN), en la Dirección de Inteligencia de la PNP (DIRIN) y recibió cursos especializados en EE.UU.

Organigrama oficial DINI

Más aún, Kamisaki tiene un bagaje profesional amplio en inteligencia, pues domina la seguridad electrónica e informática para comunicaciones telefónicas y en redes de cómputo, a través de su empresa, Security Advisor, fundada el 2003. Igualmente, perteneció al gabinete de asesores del ex jefe de la DINI del gobierno de Alan García, el general PNP ® Danilo Guevara Zegarra (2009-2012); y como si fuera poco, es familiar de la dirigente aprista Mercedes Cabanillas, quien lo habría promovido en la DINI, durante la jefatura de Guevara.

Supletoriamente, Kamisaki tiene otro nexo de alto vuelo que lo habría apuntalado durante la administración Humala: el general PNP ® Raúl Salazar, ex director de la Policía Nacional, es su compañero de promoción ‘Los Sinchis’ de la ex Guardia Civil (1982). No olvidemos en este aspecto, que Raúl Salazar está sindicado por la comisión congresal de Díaz Dios, como uno de los dos jefes -junto al ex asesor en Seguridad de Humala, coronel EP ® Adrián Villafuerte-, que habrían ordenado la ilegal custodia al condominio de Óscar López Meneses. Por lo tanto, algunos piensan que esta relación Salazar-Kamisaki, es una pista no investigada lo suficiente todavía y que podría echar luces sobre una posible injerencia de la DINI en el resguardo de la vivienda de López Meneses.

Otro asunto importante que debemos añadir para conocer mejor la capacidad operativa de la DINI, es el hecho que por medio del Decreto Legislativo Nº1141 para el “Fortalecimiento y modernización del SINA y la DINI”, esta central de inteligencia, pasó a tener un presupuesto de 43 millones de soles el año 2011; a 45,4 millones el 2012; incrementando esta cifra en forma inusitada hasta 110,2 millones de soles el 2013; es decir, casi duplicó a la que tuvo el poderoso Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que llegó a alcanzar los 58,9 millones de soles, en sus mejores años.

Luego de las suspicacias surgidas en la opinión pública y en los círculos políticos por las denuncias de espionaje en su contra y del ex viceministro del interior Carlos Basombrío (críticos de la política de seguridad de Ollanta Humala), formuladas en junio del 2013 contra la DINI (El Comercio, 09/06/2013), por el ex ministro del Interior, ex jefe de inteligencia y periodista Fernando Rospigliosi; entonces, el gobierno de Humala para el año 2014, disminuyó el presupuesto de la DINI a 64 millones. Pero todavía no se ponía la suficiente atención sobre el rubro “gastos reservados” de esta central de inteligencia, por parte de la mayoría de la opinión pública y política informada.

Como algo pertinente, debemos mencionar que el primer antecedente sobre presunto espionaje político efectuado por el régimen de Humala, lo reveló el ex asesor de Ollanta Humala, Carlos Tapia. A fines de noviembre del 2011, en esa oportunidad, el analista político relató que su salida del Ejecutivo se debió a las fuertes presiones del entonces consejero presidencial, coronel EP® Adrián Villafuerte, ahora el principal sindicado de ordenar el megaresguardo al condominio de López Meneses.
 
Tapia dijo en esa oportunidad que el ex premier Salomón Lerner lo convocó a su despacho y le mostró un file con información y fotografías de actividades suyas en el interior del Perú. Por lo tanto, Tapia dedujo que el propio gobierno le había hecho seguimiento y se apartó disgustado de los predios gubernamentales.

Sobre el particular, el integrante de la Comisión de Defensa y presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, Juan Carlos Eguren, alertó que el presupuesto del 2015 para la DINI es de 64.9 millones de soles, y dentro de esta cantidad, más de un tercio se mantiene en calidad de reserva. Explicando que de cada 10 soles gastados por la DINI, solo unos cuatro serían sustentados únicamente ante propio presidente Humala. “No podemos saber en qué se gastarán unos 24 millones de soles este año, pero hay compras y operaciones especiales”, comentó el congresista Eguren del PPC (“Cuatro de cada diez soles gastados por la DINI no serán justificados”, Gestión, Lima, 20/01/2015).

Abundando en este caso, Eguren explica que unos 64 millones de soles gastados en reserva por la DINI hace dos años, habrían sido destinados para compras de equipos de interceptación telefónica israelíes. Y antes, en julio del 2013, Eguren advirtió que a medio año, la DINI ya había gastado unos 60 millones de los 110 millones que se les había asignado (Gestión 05.07.13), donde la mayoría de ese gasto también era reservado. A su vez, la Comisión de Defensa del Congreso pudo conocer, mediante canales extraoficiales, que los equipos adquiridos, le dan a la DINI, una capacidad para interceptar unos “cinco mil teléfonos, cuando hasta el año 2012 solo llegaban a 300’’, calcula el parlamentario.


Infografía  (® La República, 14/06/2013)

A esta altura del análisis, debemos precisar que el robustecimiento de la central de inteligencia de un estado democrático para hacer frente a las amenazas internas y externas, no es negativo a priori; siempre y cuando, las actividades a las que se dedique por órdenes de sus jefes (del aparato de inteligencia, ministro o presidente de la República), no se utilice para violar la ley y coactar las libertades ciudadanas. Más aún, considerando que de acuerdo el marco legal vigente del SINA, la DINI es el “órgano rector especializado del SINA y depende funcionalmente del Presidente de la República, mientras se encuentra adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros”. Con el inmenso poder que ello implica, dentro de un régimen constitucional presidencialista como el peruano.

Dicho esto, debemos conocer que como parte del fortalecimiento de sus capacidades analíticas y operativas, junto al abundante presupuesto; la DINI, durante la gestión de Humala, ha tenido la previsión de contratar o mantener en sus puestos en las jefaturas de los órganos de línea (Dirección Ejecutiva; Dirección de Inteligencia y Dirección de Contrainteligencia), a personal experimentado y conocedor del trabajo de inteligencia, contrainteligencia y operaciones, incluso provenientes de gobiernos anteriores.

Empero, dada la insuficiencia de personal altamente calificado en análisis y operaciones de inteligencia que padece el Perú; todo sugiere, que el rápido aumento de las actividades de inteligencia operativas e intrusivas (espionaje) asignadas a la DINI en los últimos años, no habría podido ir a la misma velocidad que la capacitación o reclutamiento de experimentados y eficientes cuadros operativos y para el trabajo de campo; por lo que es factible que esta central de inteligencia esté expuesta a fugas de información y/o errores garrafales durante la producción de análisis de inteligencia estratégica y la ejecución de actividades de inteligencia operativa sucesivas y con un grado regular de complejidad.

Por lo demás, basta con hacer un balance de las constantes desacertadas y tardías toma de decisiones a nivel presidencial y ministerial; para comprobar que a pesar de los ingentes recursos otorgados a la DINI, dista mucho aún de ser, una institución eficaz en el cumplimiento de sus importantes funciones de Estado, que -entre otras- por ley le corresponde: “Producir inteligencia nacional para el presidente de la República y el Consejo de Ministros para la formulación y ejecución de las acciones y política”.

Nombran nuevo jefe de la DINI y poco después se desata la crisis por espionaje

Sorpresivamente, el 08/01/2015, el presidente Humala nombró a un nuevo titular para la DINI. Se trata de Javier Briceño Carpio, quien también es compañero de promoción de la Escuela Militar de Humala Tasso, y reemplaza a Víctor Gómez Rodríguez, quien conducía la entidad de inteligencia nacional, desde agosto del 2011. Briceño, al igual que su antecesor, tiene una relación cercana con el ámbito minero, pues trabajó durante 18 años como Gerente de Abastecimiento de la minera de capitales canadienses, Barrick Gold Corporation.

Aunque tampoco tiene formación ni experiencia en el trabajo de inteligencia, Briceño es magíster en administración, y antes de asumir la jefatura de la DINI tuvo a su cargo la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas desde principios del 2014, un cargo de extrema importancia y confianza dadas las ingentes compras de armamento, repuestos y modernizaciones que se han realizado en esta esfera durante el gobierno de Humala.

Su perfil profesional, incluye una licenciatura en Ciencias Militares por la Escuela Militar de Chorrillos, un post grado en Alta Dirección por la Universidad de Piura; un programa de gestión para altos ejecutivos en el Kellog School of Management de Chicago y egresado del programa internacional de negocios del IESE Business School de Nueva York. Según un artículo del portal de corte pro-chavista “Punto de Vista y Propuesta”       -PVP- (“La fiesta de la DINI”, 20/01/2015) y otras fuentes consultadas; con la llegada de Briceño a la DINI, Juan Manuel Rivera Macpherson, abogado por la PUCP y su hombre de confianza en la Agencia de Compras Militares (depende del Ministerio de Defensa), fue nombrado jefe de gabinete de asesores, en reemplazo del coronel FAP ® Franklin Martínez Venero.

PVP agrega “…Rivera Macpherson ingresó el 2003, al Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) en el gobierno de Toledo; su especialidad es la gestión del Estado y los temas jurídicos. Se desempeñó como Jefe Jurídico del CNI y fue cesado por el gobierno del APRA (cuando el CNI se convirtió en DINI). Aunque postuló sin éxito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tuvo un efímero paso por los Registros Públicos entre agosto del 2011 y abril del 2012, y luego fue agraciado en este gobierno con contratos estatales en SEDAPAL, el Ministerio de Educación, SUCAMEC, y desde noviembre del 2014 en la Agencia de Compras Militares, allí consolidó su relación con Javier Briceño, y se le ha visto desde la llegada de Briceño (a la DINI), en cuanta ceremonia o encuentro se ha producido desde el cese de funciones de Víctor Gómez.

También indica PVP, que Rivera Macpherson tendría en su haber “problemas no investigados acerca de los documentos de la estructura complementaria de la DINI durante su gestión como jefe legal de la esa institución…”

Otro asesor del Gabinete de Asesores de la DINI, mencionado por la prensa (El Comercio, 22/01/2015), es el abogado por la PUCP, Marco Velarde, quien el 2003, se desempeñó como investigador de Instituto de Estudios Políticos y Estratégicos (IDEPE), fundado por el antropólogo Enrique Obando, vinculado a círculos influyentes en seguridad e inteligencia en el gobierno de Toledo; Velarde es Master en Estudios de Seguridad e Inteligencia por la Universidad de Pittsburgh, Pennsylvania. Graduado del Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa (CHDS) de la National Defense University, Washington D. C. y fue docente en la Academia Diplomática del Perú.

El modus operandi de un torpe pero peligroso espionaje masivo a “potenciales y reales enemigos del gobierno”  

La nueva gestión de Javier Briceño al mando de la DINI, no le daría respiro ni tiempo para acomodarse en su nuevo sillón y empezar a conocer las claves y el ABC de una de las profesiones más antiguas, intensas pero ingratas -aunque para muchos fascinante-: el trabajo de inteligencia al más alto nivel de un estado. Lo que se olvidaron de decirle al encargarle este retador puesto, fue que no existe universidad ni grado académico que prepare para aprender el complejo manejo de una central de inteligencia, y solo se adquiere conocimientos a través de muchos años de trabajo continuo y estudios especializados y actualizados de inteligencia.

La dura realidad, se presentó en forma de investigación periodística,  cuando el 15/01/2015, la revista Correo Semanal (Grupo Agois Banchero y Grupo El Comercio); publicó videos y documentos obtenidos revelando que existirían aparatos dentro de la DINI y la Dirección de Inteligencia de la Policía (DIRIN) dedicados a seguir sistemáticamente a los adversarios del Jefe de Estado. Entre las víctimas de este espionaje, según las grabaciones y reportes de inteligencia, figuran el ex premier aprista Jorge del Castillo, el extitular del Interior, general PNP ® Miguel Hidalgo, el empresario Jaime Mur Campoverde, así como funcionarios del Congreso de la República, entre otros.

Correo Semanal (15/01/2015): foto y filmación del ex premier aprista Jorge Del Castillo grabado el 16/04/2014, en la puerta de su oficina por agentes de inteligencia del gobierno

Correo Semanal (15/01/2015): foto y filmación del ex ministro del Interior, general PNP ® Miguel Hidalgo junto a funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, espiado por agentes de inteligencia del gobierno.


De acuerdo a Correo Semanal, las pruebas revelarían que se trata de un espionaje muy extendido destinado a conocer los puntos vulnerables de los enemigos políticos del régimen de Humala, para desprestigiarlos y silenciarlos, de acuerdo a fuentes de inteligencia citadas por el medio de prensa.

Esta revelación causó gran impacto e indignación en medios políticos, la opinión pública y grupos políticos, pues ocurre cuando se pone en tela de juicio el trabajo de los servicios de inteligencia por la vergonzosa fuga de MBL a Bolivia, y su presunto encubrimiento gubernamental. Además, se produce mientras el ministro del Interior Urresti es cuestionado por su sistemático y ofensivo ataque a los detractores del gobierno, descuidando su atención sobre los graves problemas de inseguridad y crimen organizado que agobian a la mayoría de la población.

Otros supuestos objetivos espiados por la DINI y tal vez distintas agencias de inteligencia estatal, fueron descubiertos por el diario Correo (16/01/2015), publicando nuevas imágenes y documentos, donde se aprecia seguimientos a Jorge Paredes Terry, ex asesor del congresista oficialista Daniel Abugattás Majluf. En junio del 2014, Paredes Terry denunció que el jefe de Estado recibió aportes de la minería ilegal durante la campaña electoral del 2011. Esto lo habría puesto en la mira de los servicios de inteligencia.

Empero, el seguimiento a políticos opositores y críticos del Gobierno, destapado por Correo Semanal, sería solo uno de los “procedimientos” de un modus operandi más extenso y pernicioso, orientado a desprestigiar a personajes que son considerados enemigos de la pareja presidencial. Otros métodos incluyen la investigación, el armado y la filtración de expedientes contra ciertos personajes que han hecho denuncias contra el presidente Ollanta Humala, para que sean difundidos por la prensa, con fines de desprestigio y hasta posible chantaje. Y una de estas “víctimas” fue la congresista Cecilia Tait.

Esta vez, Correo, puso al descubierto (17/01/2015), que la misma fuente del Gobierno que le traspasó los videos y la documentación que prueban el reglaje a la oposición, proporcionó un voluminoso expediente contra Tait (coincidentemente, otra de las más fieras cuestionadoras de la pareja presidencial), elaborado con legajos internos del Congreso de la República, Ministerio de Educación, Superintendencia Nacional de Registros Públicos, Dirección General de Migraciones, entre otros organismos del Estado.

Una situación similar a la que padeció la parlamentaria Cecilia Tait, fue hecha de conocimiento por Correo (18/01/2015), cuando denunció que la congresista de Dignidad y Democracia, Natalie Condori fue objeto también espionaje en su contra y de su familia, por parte de servicios de inteligencia estatal. A raíz de esto, Condori exigió la renuncia de la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara. Es de precisar, que al igual que en los casos anteriores, esta congresista ex integrante del partido oficialista Gana Perú, se había convertido en una severa crítica de la pareja presidencial Humala-Heredia.

Enseguida, la periodista Cecilia Valenzuela (descubrió el megaresguardo a López Meneses en noviembre del 2013), reveló (El Comercio y Willax TV,  21/01/2015), que la DINI además habría estado espiando a la jefa de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), Tania Quispe, utilizando a agentes de la DIRIN (Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional) y de la DIGIMIN (Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior). Según la denuncia, los servicios de inteligencia le tendieron una “trampa” a la jefa de la SUNAT, ofreciéndole seguridad para su hijastro, y luego enviaron espías a fotografiarlo.

El expediente que han armado sobre Tania Quispe incluiría fotografías de su casa y se aprecia al niño caminando por las calles de Lima, acompañado de un custodio, usando un supuesto agente de seguridad, lo que bien podría considerarse un delito. El seguimiento a Tania Quispe, nada menos que prima de la primera dama Nadine Heredia, confirmaría el interés del Gobierno en seguir de cerca a personas que manejan información clasificada, en este caso, sobre datos tributarios de todos los peruanos.

Según Valenzuela, este mecanismo se habría iniciado cuando el régimen de Humala cambió la Ley de Inteligencia en diciembre del 2012, y pasó a depender de la DINI, a dos agencias de inteligencia del sector Interior: la primera la DIRIN, encargada de inteligencia humana, y la DIGIMIN, que realiza inteligencia humana y electrónica para en el Ministerio del Interior, la cual habría pasado a ser el brazo operativo de la DINI. Valenzuela enfatiza que desde ese momento la DINI, puso bajo su control el equipo recién comprado para hacer inteligencia electrónica en el país.

“La DINI empezó ya a ordenar y a hacer inteligencia electrónica. Si se revisa el movimiento migratorio de Iván Kamisaki (…) se entenderá a dónde y cuándo viajó este subdirector de la DINI para comprar los equipos que se han usado para espiar a los opositores políticos al régimen del gobierno de Humala”, refirió. “No solo han espiado y han preparado expedientes para reglar a los opositores al régimen sino también han seguido y han preparado expedientes para extorsionar a otros funcionarios del propio Gobierno. Funcionarios ubicados en puestos claves, cuyas instituciones guardan información importantísima”, agregó al indicar que todo esto es al “fiel estilo montesinista”.

El Comercio (22/01/2015), publica que un allegado a Quispe confirmó el seguimiento, el cual –mencionó- es conocido por ella, y señaló que se ejecutó en julio del 2014. El ministro del Interior, Daniel Urresti, le habría explicado a la superintendente que el seguimiento se sustenta en verificar si el resguardo policial que recibe funciona bien. El diario Expreso (22/01/2015), menciona que fuentes de la SUNAT, indican que Tania Quispe descarta un seguimiento a ella o a su familia.

Generalizado e impune espionaje incluiría a la vicepresidenta de la República

Frente a los indicios razonables sobre espionaje muy extendido por parte de la DINI bajo órdenes del gobierno de Humala, diversos voceros gubernamentales, se apresuraron a desmentir todo, señalando que podría hasta de tratarse de videos armados por el APRA o espionaje de empresas de seguridad privada, y que nada acreditaría la participación de miembros de inteligencia.

Lamentablemente para ellos, los programas televisivos “Sin Medias Tintas” (Frecuencia Latina, Canal 2-Lima) y “Panorama”  (Panamericana, Canal 5-Lima, 18/01/2015) citando y mostrando documentos oficiales de la Policía Nacional, revelaron que la vicepresidenta de la República y congresista por el partido oficialista Gana Perú, Marisol Espinoza (cuya lejanía de la pareja presidencial y sus críticas a diversas medidas de gobierno, no son un secreto); también habría estado bajo vigilancia de la DINI. Según la información, el 3/11/2014, uno de los miembros de la seguridad personal de Espinosa, reportó a la Policía que había intervenido a pocos metros de la casa de la alta funcionaria, a dos sujetos por conducir un automóvil con lunas polarizadas no autorizadas.

La sorpresa creció cuando estos individuos fueron identificados plenamente como agentes de la DINI: el suboficial EP Johnny Huamán Espinoza conductor del auto, y el suboficial Raúl Pianto Cuevas como su acompañante (quien incluso antes de llegar a la comisaría huyó del vehículo). Los intervenidos, inicialmente dijeron en su defensa que se encontraban en el lugar esperando a un amigo. Además, se mostró que el comandante de la Policía Nacional Jhony Sánchez llegó a la comisaría para justificar la presencia de los suboficiales cerca de la casa de la vicepresidenta.

Sánchez habría explicado que cumplían “labores de inteligencia para elevar la seguridad ante la inminencia de un ataque de terroristas libaneses” en contra de la Embajada de Estados Unidos; por demás, una coartada increíble, ya que dicha delegación diplomática se haya a unas diez cuadras de la casa de Marisol Espinoza, aunque pese a ello, logró que la policía dejara en libertad a Huamán.

Por su parte, la vicepresidenta Espinoza, respondió sobre el presunto espionaje contra su persona, mediante su cuenta de Twitter (América TV, 19/01/2015), donde expresó: “Indignada, repudio estas prácticas delincuenciales y exijo una exhaustiva investigación. Me rehúso a pensar que el gobierno esté detrás de esto", confirmando así, que el hecho realmente ocurrió, pero además, no desestimó la posibilidad de que tuviera origen oficial, como se podría esperar de una funcionaria de tan alta envestidura dentro del gobierno de Humala. Es decir, ya ni un sector de su más importante nivel, confía en el régimen humalista.

Parte policial con registro de la denuncia sobre presunto espionaje a vicepresidenta Marisol Espinoza (Fuente de internet, 18/01/2015)

Conociendo las entrañas de la DINI

Gracias a una investigación periodística (“Espías pertenecen al Módulo de Inteligencia Operativa de la DINI”, La República 20/01/2015), se supo que fuentes de inteligencia señalan que al descubrir a los agentes frente a su casa, la vicepresidenta Espinoza pidió la destitución del entonces jefe de la DINI, capitán EP® Víctor Gómez, algo que se concretó con la designación de su reemplazo el 08/01/2015. Por otra parte, se indica que según fuentes de la propia DINI, los agentes de esa entidad y suboficiales del Ejército Johnny Huamán y Raúl Pianto, intervenidos en la puerta de la residencia de la vicepresidenta Marisol Espinoza, pertenecen al Módulo de Inteligencia Operativa (MODINOPE).

Y se añade, que el jefe del MODINOPE es el comandante PNP Johnny Bravo Sánchez, asignado a dicha función al comenzar el 2014, y precisamente fue la persona que intercedió por los agentes ante la comisaría de Monterrico, logrando la libertad de quien estaba presente. El artículo de prensa, refiere a la par, que el MODINOPE, está subdividido en secciones: Terrorismo, Narcotráfico, Crimen Organizado y Socio-Político. Al tiempo que, los agentes arrestados en la residencia de Espinoza serían de la sección Socio-Político, que se dedica a observar, vigilar y seguir a potenciales enemigos del gobierno de Humala.

Al respecto, fuentes de la DINI indicaron que los agentes del MODINOPE ejecutan “planes operativos” diseñados por sus superiores en función de los objetivos establecidos por las autoridades del organismo de inteligencia. Nada hacen por su propia iniciativa. De la misma manera se especifica, que el MODINOPE se estableció el 2013, como parte del proceso de reforma de la DINI, que incluyó el fortalecimiento de sus actividades operativas, las cuales, casi habían desaparecido con el desmontaje del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). En este contexto, se produjo un masivo traslado de agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIRIN) y del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) a la DINI. De esa forma, habría llegado el comandante PNP Johnny Bravo Sánchez.

En base a los informes de La República (20/01/2015 y 21/01/2015), se puede deducir que bajo la cadena de mando de la DINI, establecida por el Decreto Legislativo Nº1141, la inteligencia operativa en general depende del Director Ejecutivo y N°2 de la DINI, el capitán PNP ® Iván Kamisaki; aunque el MODINOPE, es responsabilidad de la Dirección de Inteligencia, a cargo del abogado Alberto Cortez Torres, que a su vez, se encuentra bajo el mando de Kamisaki, y este último, reporta al director de la DINI: antes el capitán EP ® Víctor Gómez y ahora Víctor Briceño.

Al mencionar este embarazoso asunto, el exministro del Interior Fernando Rospigliosi indicó que en la actualidad hay unos 300 agentes operativos en la DINI, aparte de los correspondientes a los otros órganos de inteligencia (de un total de cerca de 1,000 integrantes, algo nunca alcanzado desde que se desactivó el SIN). Y advirtió que hay un poder más oculto detrás de Javier Briceño, actual jefe de la DINI. “El que verdaderamente sigue manejando ese organismo es su director ejecutivo, Iván Kamisaki, un excapitán de la policía que controla ahora a Briceño como lo hizo en su momento con el jefe anterior, Víctor Gómez”, reveló el también analista. (“Cuatro de cada diez soles gastados por la DINI no serán justificados”, Gestión, Lima, 20/01/2015).

Infografía (© La República, 20/01/2015)

¿Control de daños verdadero o sacrificio de ‘cabezas de turco’ para encubrir a los reales autores intelectuales?

Acompañado por sus ministros (pero no por la vicepresidenta Marisol Espinoza), el presidente Humala apareció el 19/01/2015 en la televisión para tratar de desvirtuar las acusaciones levantadas contra su régimen por el espionaje contra Marisol Espinoza y ofrecer total transparencia para que se investigue a la DINI puertas adentro.

Y si bien, se presentó muy solemne y categórico para negar cualquier responsabilidad; los indicios razonables, evidencias circunstanciales y hechos son tan abrumadores, que tratar de convencer que los múltiples reglajes (coincidentemente contra sus más fuertes críticos y adversarios), no han sido ordenados por él mismo o por su entorno más directo, resulta bastante difícil, más aún, sabiendo lo férreamente jerarquizadas y controladas que operan las centrales de inteligencia como la DINI, que responden directamente al presidente de la Republica, aunque administrativamente estén adscritas a la presidencia del Consejo de Ministros; que a su vez, durante todo el periodo de Humala ha estado sojuzgada al poder de la Primera Dama Nadine Heredia, sin el menor esfuerzo por ocultarlo.

Como bien expresa El Comercio (Editorial “Negar todo sin desvirtuar nada”, 21/01/2015): “…Queda claro, entonces, la operación era política y tenía todo el aspecto de responder a una orden orgánica del aparato de inteligencia estatal, dentro de la lógica de una cadena de mando que eventualmente conducía a las esferas más altas del gobierno. Y por eso, desactivar ese recelo iba a demandar del presidente un deslinde muy convincente”.

“En lugar de ello (…) optó por usar las dos típicas falacias de este gobierno para responder a las críticas y acusaciones de todo tipo. Esto es, el señalamiento de males semejantes o peores en quien lanza el cuestionamiento y la negación de que lo imputado sea cierto por el solo hecho de que ellos se declaran incapaces de hacerlo (…) Y luego continuó: ‘Mi gobierno siempre ha tenido y tiene el más absoluto respeto por los valores democráticos y las libertades garantizadas en la Constitución (…) aseveración que puede o no ajustarse a la verdad, pero que en este trance no tiene más valor probatorio que el de una declamación lírica…”

“Por último, como presunta conclusión del silogismo trucado, anunció: ‘En cuanto al supuesto seguimiento a la vicepresidenta de la República (…) Marisol Espinoza, rechazo tajantemente que ello se haya producido’ (…) Si la sola proclamación de la propia virtud equivaliese al hecho de en efecto poseerla, todas las veces que (…) el presidente hubiera dicho: ‘Nosotros somos los principales interesados en aclarar estas denuncias’ (revísense, por ejemplo, sus declaraciones a propósito de los casos López Meneses o Belaunde Lossio), se habrían traducido en esclarecimientos o capturas que nunca ocurrieron”. 

“Negarlo todo sin desvirtuar nada tiene, pues, los efectos que Abraham Lincoln les atribuía a las falacias políticas: se puede engañar a todo el mundo por un tiempo o engañar a algunos todo el tiempo; pero jamás podrá engañar a todos eternamente”.

En este oscuro panorama político, un diario cercano al gobierno de Humala publicó una categórica nota titulada “Habrá corte de cabezas en la DINI por espionaje a vicepresidenta Espinoza” (La República, 21/01/2015), donde indica que unos cuatro altos jefes la DINI serían destituidos de sus puestos como responsables del espionaje contra la vicepresidenta Marisol Espinoza Cruz, incluso menciona a los posibles sancionados: el director ejecutivo, Iván Kamisaki; el director de Contrainteligencia, Mauro Castañeda; junto al jefe de la Dirección de Inteligencia, Alberto Cortez Torres y a Johnny Bravo, el jefe del MODINOPE, a quienes acusan de haber coordinado con la unidad de los agentes intervenidos.

De esta forma, tal vez el gobierno de Humala, buscaría aplicar un libreto similar al que desarrolló en el caso del megaresguardo al condominio de López Meneses, donde -ante los múltiples indicios que apuntaban a Palacio de Gobierno-, se adujo que era solo un caso de corrupción policial focalizado, y se destituyó  a mandos policiales sin investigar nada; mientras se promovió la renuncia voluntaria de otros implicados de alto nivel, para luego recolocarlos, exonerarlos de cualquier pesquisa e incluso premiarlos con nuevos puestos. Hasta que una comisión congresal después de más de un año de investigaciones, determinó que la responsabilidad del megaresguardo recaía en Palacio de Gobierno, en la cabeza del entonces poderoso asesor en materia de Seguridad y Defensa, Villafuerte, que solo recibía órdenes del mandatario Humala.

Funcional con esta coartada de una supuesta DINI actuando por la libre y fuera de control sin que lo supiera el presidente de la República y tampoco otros organismos de inteligencia o de control estatal; a pesar que el jefe de la DINI cuando se produjeron los espionajes múltiples (Víctor Gómez) es una persona de la más alta confianza del mandatario.

El diario filo-humalista sugiere además, que el espionaje desbocado y generalizado desde la DINI, se habría producido debido a que los principales cargos están ocupados por funcionarios que laboraron antes en el segundo gobierno de Alan García y otros también sirvieron en el desaparecido Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) bajo el régimen fujimorista. Aquí igualmente, se incluye como posible baja, al poligrafista Yober Alcarazo Valverde supuesto enlace entre de la DINI con el Ministerio del Interior, por haber trabajado para Kamisaki en la DINI durante el gobierno aprista.

El periódico, que al parecer tiene fuentes dentro del más alto nivel del gobierno de Humala o lee el pensamiento de quienes lo dirigen; añade que la poda de la DINI también alcanzaría a la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN) y a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIRIN), lideradas por el general PNP ® Wilson Hernández Silva y el general PNP Claudio Tello Benítez, respectivamente; debido a sus presuntas cercanías con los jefes filo-apristas y filo-fujimoristas cuyas cabezas rodarían en la DINI. Con este criterio, otros mandos medios que vienen de la época del SIN fujimorista y la DINI del gobierno aprista correrían la misma suerte. En buena cuenta, se produciría una nueva razzia de casi todos los jefes de la comunidad de inteligencia nacional, a excepción de las agencias militares de inteligencia.

De ser cierta esta versión del diario; el gobierno de Humala, pretendería asumir la teoría del complot, donde el espionaje habría sido perpetrado por ‘topos’ o desleales vinculados a los dos partidos políticos (APRA y Fuerza Popular) con los cuales el presidente Humala, se enemistó y atacó fieramente, desde que inició su mandato en julio del 2011.

Como si la DINI, no estuviera integrada además, por funcionarios civiles contratados y leales al régimen de Humala, así como agentes y oficiales -en situación de actividad y retiro- de la Marina, Fuerza Aérea, Ejército y Policía Nacional; que en su conjunto constituyen una barrera infranqueable de mutua vigilancia, que hace imposible la ejecución secreta e impune de espionaje masivo y sistemático, donde se destina gran cantidad de personal, dinero, equipos, vehículos y tiempo.

Lo que sí sería perfectamente factible (y creíble), como ocurre hasta en los más poderosos servicios secretos del mundo, es que ocurrieran fallas de contrainteligencia, y una persona o un pequeño grupo de ellas, sustraigan o filtren información sensible; incluso que operen como agentes saboteadores o de desinformación, ya sea desempeñándose como ‘topos’ al servicio de alguna organización o país, aunque también podrían actuar como traidores individuales dentro de la organización.

Infografía (® La República, 21/01/2015)


Complementando la información -desde puertas adentro- sobre la forma en que opera la DINI-, la revista Correo Semanal (22/01/2015), publicó un nuevo informe que sindica a quienes serían los principales responsables del espionaje a la vicepresidenta Marisol Espinoza y a miembros de la oposición. Con información filtrada -muy probablemente- debido a fuertes luchas intestinas dentro de la DINI, esta revista asegura que los presuntos espías, comparten un vínculo profesional y amical de muchos años con el presidente Ollanta Humala: son integrantes de la promoción de 1984, en la Escuela Militar de Chorrillos, denominada “Héroes de Pucará y Marcavalle”.

En este contexto, Correo Semanal, precisa que los diversos casos de espionaje que destapó junto al diario Correo, así como los programas televisivos Panorama y Sin medias tintas-, fueron ejecutados en el 2014, cuando el jefe de la DINI era el capitán EP ® Víctor Gómez Rodríguez (agosto 2011-08/01/2015). El primer compañero de la promoción de Humala en asumir un cargo público de alto perfil; y reemplazado por el también capitán del Ejército® Javier Briceño Carpio, de la misma promoción militar.

Fuentes de inteligencia de la revista, agregaron que antes de dejar el cargo, Gómez Rodríguez reclutó para la DINI a otros ex componentes de la promoción “Héroes de Pucará y Marcavalle”: el mayor EP Arturo Málaga Rubira, el capitán EP José Salirrosas Peña y el coronel EP Jaime Díaz Mendoza, todos ellos, del arma de Infantería como Gómez. Quienes se encargaron de jefaturas claves en las Direcciones de Inteligencia y Contrainteligencia, es decir, las dos unidades que recibían información acopiada por los llamados “Módulos Operativos de Búsqueda”, los departamentos que realizan las actividades de espionaje político y empresarial denunciados por la prensa en enero del 2015.

De acuerdo a estos confidentes de Correo Semanal, “los compañeros de promoción de Humala”, le dan la cobertura a Kamisaki, y a su gente para que se haga lo que el presidente ordena”. Finalmente, el reportaje menciona que un ex alto funcionario de la DINI, que solicitó confidencialidad, hizo un deslinde tajante y dijo: “un sector de la prensa se equivoca al asegurar que todo el servicio de inteligencia se dedica a actividades presuntamente ilegales, y esto no es así, que quede claro: se trata de un pequeño grupo el responsable de este trabajo sucio. Es la camarilla militar del presidente”, enfatizó la fuente.

Protesta social, denuncias de corrupción y espionaje impactan imagen del gobierno

Deteriorando todavía más, la situación que afronta el régimen de Humala, la aprobación a la gestión del presidente peruano disminuyó en enero del 2015 (El Comercio, Ipsos-Perú, 18/01/2015), en cinco puntos porcentuales en medio de sucesivas protestas por una cuestionada ley de empleo juvenil, y después de una “escandalosa fuga” a Bolivia, de MBL su ex asesor de campaña presidencial y financista (en 2006 y 2011).

El apoyo a Humala -cuyo periodo termina en julio del 2016- cayó a un 25%, según el sondeo (mensual nacional urbano), donde el 70% de los encuestados desaprobó la gestión del militar retirado. Sin embargo, lo peor, es que el principal motivo de desaprobación a Humala es la “corrupción en su gobierno”. Este elevado porcentaje de censura que tiene el mandatario presenta a un gobierno muy debilitado y con escasa capacidad de maniobra política, cuando todavía faltan dieciocho meses para el siguiente proceso electoral general; mientras la mayoría de los encuestados informados sobre las denuncias de corrupción de MBL, cree que su fuga a Bolivia “fue coordinada entre los presidentes Humala y Evo Morales”.

Así mismo, un altísimo 79% de los encuestados creen que el régimen de Humala estaría protegiéndolo porque MBL tendría información comprometedora sobre los aportes que recibió Humala para sus campañas presidenciales o sobre actos de corrupción que involucran a las más altas autoridades del gobierno actual.

Este escenario convulso, no tiene visos de amenguar en los siguientes meses cruciales, debido a que la administración Humala, desde que inició su mandato gubernamental en julio del 2011, se ha caracterizado por tener un espíritu poco concertador y muy confrontacional, tratando como enemigos a un gran sector del periodismo, así como a las principales fuerzas políticas de oposición (Fuerza Popular-seguidores de Alberto Fujimori), y el APRA (del expresidente Alan García).

También, ha enfrentado abiertamente a organizaciones gremiales (médicos, pensionistas, enfermeras, mineros informales, militares en situación de retiro, entre otros); igualmente, el régimen de Humala ha descalificado duramente a cuadros políticos y profesionales de izquierda y centro izquierda, que participaron en apoyo de su campaña presidencial del 2011 e integraron después el Poder Ejecutivo o grupo parlamentario oficialista durante los primeros años de su gobierno. Entre tanto, sectores juveniles universitarios y sindicatos de trabajadores se encuentran en pie de lucha con protestas callejeras sucesivas, exigiendo la derogación de una ley de trabajo juvenil promovida por la administración Humala, y que recortaría derechos laborales.

Reflexiones finales

Existen indicios razonables, hechos concretos y evidencias circunstanciales, sustentados en investigaciones de la prensa, pesquisas independientes, una comisión del congreso de la República e incluso sectores políticos de oposición; donde se sugiere que la administración Humala, estaría seriamente envuelta en los casos de corrupción relacionados a la protección ilegal de la vivienda de OLM; a las tropelías en el aparato estatal, ocultamiento y fuga de Belaunde Lossio, y a través de ellos, con la mega red de corrupción de Orellana Rengifo.

En este contexto, mientras los sospechosos vínculos de MBL con la pareja presidencial y su escandalosa huida a Bolivia siguen horadando la legitimidad y credibilidad gubernamental ante la mayoría de la población, según vienen registrando las encuestas de opinión de mayor solvencia nacional; los niveles de confrontación propiciados desde Palacio de Gobierno contra las principales agrupaciones políticas opositoras (Fuerza Popular y APRA), y contra el más fuerte e influyente grupo mediático del Perú (El Comercio); tienden a agudizar y atizar la efervescencia política y social, en medio de una percepción general de que el gobierno central es incapaz de solucionar el más transcendental problema de la población: la extendida inseguridad ciudadana.

Dentro de este escenario adverso, una medida gubernamental implementada a fines del año 2012, para el “fortalecimiento y modernización del SINA y la DINI” que debió servir para reformular y hacer más eficiente una política de seguridad interna y defensa nacional; habría sido pervertida para convertir a la central de inteligencia nacional y a las agencias que están bajo su directa influencia y control, en un instrumento destinado a realizar tareas de espionaje político y empresarial, con fines de encubrimiento de la corrupción gubernamental, buscando neutralizar a los más fuertes opositores de la cúpula gobiernista, con la finalidad además, de repotenciar artificial e ilegalmente las mermadas posibilidades electorales del partido oficialista de cara al próximo proceso electoral general del 2016.

Así mismo, aunque es altamente improbable que esta perversión del sistema nacional de inteligencia se haya materializado sin el conocimiento y consentimiento de las altas esferas del gobierno de Humala; todavía podría haber un limitado espacio y tiempo para que el mandatario realice un verdadero, expeditivo y honesto ‘control de daños’ en esta esfera, tendiente a sofocar la grave crisis de gobernabilidad y legitimidad que puede desencadenarse en el corto plazo; para esto último, deberá poner a disposición de las autoridades competentes y la población, a los responsables directos del espionaje masivo que se viene denunciando.

De igual manera, se confirma que el papel de la prensa independiente, instituciones democráticas, libertad de información y la ciudadanía vigilante es fundamental, y mientras prevalezca la vigencia de los derechos civiles y políticos, éstos constituirán los mejores aliados para un control de la sociedad democrática sobre los servicios secretos y el consiguiente restablecimiento de la confianza y credibilidad en el sistema de inteligencia peruano; impidiendo que se culpe a inocentes que realizan denuncias de buena fe, para encubrir a organizaciones delictivas o en todo caso un manejo permisivo de las labores de los agentes de inteligencia estatal, debido a un control deficiente de sus jefes y un mal funcionamiento del sistema de seguridad institucional.

Finalmente, es primordial que la sociedad peruana tenga una visión objetiva y fidedigna de la labor que realizan sus organismos de inteligencia y que la valore en su justa medida. Considerando que éstos desarrollan sus actividades en el difícil ámbito de la prevención y con la más estricta discreción, esta labor pedagógica es particularmente necesaria. Los ciudadanos deben tener la certidumbre que sus servicios de inteligencia operan con el más absoluto respeto al Estado de derecho y dentro de reglas y controles políticos, legales, judiciales, perfectamente definidos, para asegurar la inviolabilidad de los derechos recogidos por la Constitución y las leyes. Pero cuando no suceda esto, el Poder Judicial debe aplicar las leyes en forma correcta y justa. 



26 de Enero del 2015


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